Del 4 al 7 de septiembre, el equipo de CENIT participó de la octava edición de la Semana de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación que organiza la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín, en el auditorio Lectura Mundi del Campus Miguelete. Abrió la SIDI con la primera mesa de diálogo, “Ciencia Ciudadana en la UNSAM. Experiencias y desafíos”, y también la cerró con la última conversación, “De la biotecnología a la bioeconomía. Nuevos desafíos en políticas, innovación y desarrollo territorial“; se sumó también un debate sobre sostenibilidad y justicia en la minería de litio. Aquí, un breve resumen de las charlas, que pueden verse completas en el canal de YouTube de la Escuela de Economía y Negocios – UNSAM.
Ciencia ciudadana
El lunes 4, a las 14.30, la mesa “Ciencia Ciudadana en la UNSAM. Experiencias y desafíos” reunió a representantes de Bioleft, CoAct Justicia Ambiental, CoSensores y Migrantas. Valeria Arza (CONICET – CENIT/EEyN/UNSAM), a cargo de la moderación, abrió la conversación con una presentación de los aportes de la ciencia ciudadana: “Lo interesante de la es que al abrir la agenda de investigación y la producción científica al público, se tienden puentes entre la ciencia y la sociedad. Una sociedad mejor informada se puede movilizar mejor”.
La primera participante, Romina Rajoy, en nombre del proyecto Migrantas en el Reconquista, contó que partieron de la pregunta de investigación “¿cómo afecta el cambio climático a las mujeres de la cuenca del río Reconquista?”, pero que descubrieron que era muy difícil escindir esa problemática de muchas otras vulnerabilidades. El proyecto se apoyó en los entramados sociales preexistentes en la cuenca del Reconquista, y arrojó entre otros resultados una diplomatura y un libro cocreados con las vecinas de la cuenca que se sumaron como investigadoras.
A continuación, Ignacio Borón (CONICET – EHyS/UNSAM) y Jazmín Glustein (CONICET – UNLP) contaron la experiencia del grupo Cosensores, que ya cumplió diez años: “Nos propusimos acercar herramientas de medición de calidad de aire y agua para ser usados por las organizaciones en el territorio. Trabajamos con entramados sociales previos”.
Almendra Cremaschi (CONICET – CENIT/EEyN/UNSAM), coordinadora de Bioleft, lo describió como una “organización multiactor”, que involucra a productorxs, investigadorxs, agrónomxs, extensionistas y consumidorxs. “Desde la ciencia ciudadana promovemos el mejoramiento participativo de semillas de tomate y maíz en todo el país”, contó.
Finalmente, Guillermina Actis y Leticia Castro (CONICET – CENIT/EEyN/UNSAM) presentaron CoAct Justicia Ambiental, la iniciativa de ciencia ciudadana social desarrollada junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN Argentina. “Identificamos como actor clave a las bibliotecas populares, y cocreamos con ellas actividades para la educación ambiental”, dijo Actis. “El actor bibliotecas populares es muy virtuoso, ya que permite articular con docentes que incorporan la educación ambiental como contenidos transversales en sus currículas”, explicó Castro.
Luego todxs los participantes discutieron cuáles son los principales desafíos que enfrenta la ciencia ciudadana, y destacaron la multiplicidad de tareas que suelen recaer sobre equipos pequeños, y la necesidad de construir lenguajes comunes entre diversos actores. Finalmente, Valeria Arza cerró la mesa resumiendo los aportes que la universidad puede hacer a los proyectos de ciencia ciudadana: generar espacios de mayor interacción e intercambio para potenciar todos los proyectos, y también vincularse con estudiantes y docentes de carreras de grado.
Litio: agua, baterías y comunidades
El jueves 7 a las 14.30, el director de CENIT, Martín Obaya, moderó la mesa de diálogo “Sobre agua, baterías y comunidades. Perspectivas para una minería de litio justa y sostenible en Argentina”, con Victor Delbuono y María Victoria Mahiques (Fundar), Deborah Pragier (EPYG-UNSAM), Martín Schapiro (Secretaría de Asuntos Estratégicos, Presidencia de la Nación), Verónica Kwaterka (IIIA-UNSAM-CONICET) y Diego Murguía (CONICET-IIEP-FCE-UBA). Murguía comenzó presentando los resultados de una encuesta Delphi sobre sostenibilidad y justicia en la industria del litio realizada en el marco del proyecto Green Dealings. El panel consultado, compuesto por personas de la academia, de los gobiernos y de comunidades, marcó como principal desafío para la sostenibilidad el uso responsable del agua: el impacto sobre el balance hídrico, la calidad y disponibilidad del agua. El informe completo puede leerse aquí.
El 70% de las personas encuestadas señalaron que era necesario introducir cambios en la política de explotación de litio para asegurar la sustentabilidad. Este fue el dato que destacó Deborah Pragier. Y resaltó: “No hay ninguna causalidad que señale que la explotación de #litio nos lleve al desarrollo, ni aunque presionemos más a los territorios para mayor y mayor extracción. Por cuestiones regulatorias, lo que le queda al país es mínimo”.
Verónica Kwaterka señaló: “No hay informes fiables sobre el balance hídrico en la explotación de litio, ya que toda la información existente es la que proveen las mineras. Por lo tanto, no se conoce el impacto real sobre la habitabilidad de las cuencas”. “Mirando los resultados de la encuesta, parecería que el diagnóstico lo tenemos bastante claro, ¿no? Casi todas las personas proponen mayor participación”, destacó María Victoria Mahiques. Martín Schapiro, responsable de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, polemizó: “Me llama la atención la diferencia de legitimidad social entre la minería del litio, actividad nueva, contra la explotación petrolífera, o la agropecuaria. El litio puede ser una palanca para nuestro desarrollo”. Víctor Delbuono aportó a la mesa los “desafíos distribucionales”: “Históricamente las provincias del norte tuvieron menos posibilidades de desarrollo económico que las del centro. Esto puede ser una buena oportunidad, si se usa la regulación en busca de justicia”.
En términos de transición hacia la descarbonización, Deborah Pragier dijo: “Hoy el litio que se produce en Argentina no apalanca una transición energética en Argentina. Se lo llevan las empresas extranjeras para promover la transición energética en sus países”. Y continuó: “Las comunidades de las Salinas Grandes se siguen encontrando con que el gobierno otorga licencias de exploración sin consulta previa, ya que estas licencias no requieren informes de impacto ambiental”. María Victoria Mahiques aportó el ejemplo de Canadá, donde recientemente se reformó la regulación sobre consultas informadas para obligar al estado a pagar asesores técnicos a las comunidades de las cuencas mineras.
Martín Obaya preguntó a Verónica Kwaterka, especialista en hidrología, si el método de extracción directa de agua ayudaría a la sustentabilidad. “Sí, pero en condiciones de sequía podría llevar a un estrés hídrico alto, y a la salinización de acuíferos”, fue la respuesta. Ante la pregunta de si existen experiencias de ciencia abierta o construcción colaborativa del conocimiento en torno al impacto ambiental de la explotación minera. Deborah Pragier relató que a partir de un fallo histórico, hoy ingenieros dialogan con comunidades. Pero el diálogo entre las partes sigue siendo trabajoso. “Los estudios de impacto ambiental no están digitalizados: hay que ir a fotocopiarlos a la ciudad en la que están”, aseguró María Victoria Mahiques. “No te los dan’, subraya Verónica Kwaterka. “Hay gran asimetría entre el discurso de la energía verde y las fotocopias”, remarcó Mahiques. La conversación completa puede verse aquí.
De la biotecnología a la bioeconomía
La mesa de cierre de la SIDI 2023 fue presentada por el decano de la Escuela de Economía y Negocios, Marcelo Paz. “Sentimos que tenemos la obligación de promover el debate desde la universidad, y plantear una agenda desde la investigación”, aseguró, y agradeció a todos los equipos e investigadores que hicieron posible el encuentro. Así dio paso a la última conversación, “De la biotecnología a la bioeconomía. Nuevos desafíos en políticas, innovación y desarrollo territorial“. Gabriela Bortz (CONICET – CENIT/EEyN/UNSAM), la moderadora, comenzó señalando que se cumplen treinta años de desarrollo de biotecnología en la Argentina.
Lilia Stubrin, vicedirectora de CENIT, hizo un breve repaso de la evolución del sector biotecnológico en el país. “A veces creemos que el sector está en el día de la marmota; no es así”, dijo, y detalló cómo avanzó la generación de start ups biotecnológicas, las capacidades productivas, el financiamiento y la colaboración público-privada. Luego Sergio Drucaroff, de la Cámara Argentina de Biotecnología, destacó que esta entidad reúne ya a 130 compañías, y que hoy existen al menos cuatro aceleradoras especializadas en empresas biotecnológicas, cuando hace cinco años no había ninguna. “Hay start ups que en un año y medio han incorporado a más de cien personas, en perfiles que quizás no sabíamos que existían. En Argentina hay talentos, pero pronto tendremos el mismo desafío que otros sectores de economía del conocimiento”, aseguró. Laura Toledo, directora del Fondo Argentino Sectorial de la Agencia I+D+i, señaló que en el área de empresas de biotecnología, lo que hace unos años era un objetivo – crear estas empresas- hoy es un punto de partida: ya hay al menos 175 empresas de base científica en el país.
“Creo que la biotecnología todavía no está instalada en la agenda pública como una cuestión estratégica”, dijo a su turno Miguel Lengyel, de CIECTI. “Existe una distribución muy inequitativa de los recursos biológicos a lo largo del territorio; el 80% está en la zona de praderas.” Y cerró: “Creo que es muy difícil aprovechar las oportunidades que abre la biotecnología sin innovación institucional: pensar en una política pública variable, que se adapte a las necesidades de cada territorio”. Diego Comerci señaló que todo el marco regulatorio e institucional necesita aggiornarse para adaptarse a la agenda del siglo XXI si se quiere crear un ecosistema biotecnológico.
Luego se discutió de qué forma pasar efectivamente de la biotecnología a la bioeconomía. Lilia Stubrin preguntó a si tiene sentido avanzar hacia la creación de marcos institucionales por biorregiones. Lengyel recomendó una “mirada de vuelo de cóndor”, que permita seleccionar y promover las ventajas comparativas de cada área. Laura Toledo contó que desde la Agencia I+D+i se acompaña y capacita a agencias provinciales, y que la Fundación Argentina de Nanotecnología trabaja para tener sedes a lo largo del país, a pedido del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Daniel Filmus.
“¿Qué capacidades críticas creen que hacen falta para que se desarrolle el sector?”, preguntó Gabriela Bortz. “Una sola palabra: regulatorias”, respondió Drucaroff. “Para evitar una temprana extranjerización de las empresas”. “Una política productiva coordinada”, dijo Lilia Stubrin. “Capital relacional. La vinculación es un activo escaso y bienvenido. Y monitorear procesos”, agregó Miguel Lengyel. “Medir resultados”, sumó Laura Toledo. “Actualizar la ciencia”, cerró Comerci. Todo el diálogo puede verse aquí.
La Semana de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación 2023 dejó muchas ideas y propuestas para seguir trabajando e investigando por el desarrollo. ¡Esperamos volver a encontrarnos en la SIDI 2024!